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Noviembre 01, 2019 10:34 hrs.

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Gobierno Estados › México Hidalgo


Según informes del titular de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH), Armando Roldán Pimentel, dieron a conocer la falta de documentación justificativa que acredite los trabajos por la prestación de servicios de consultoría, asesoría técnica especializada y acompañamiento en la elaboración del Paquete Hacendario 2019 durante el periodo del 28 de noviembre al 31 de diciembre del 2018, por lo que desde el año pasado el Congreso del estado tiene observaciones por un millón 159 mil 986 pesos, esto cuando el coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Raúl Baptista González era el presidente de la Junta de Gobierno.

Al mismo tiempo aseguró que el Congreso del estado no presentó el informe respecto de los resultados obtenidos y apuntó que el contrato no se realizó en apego a la normativa en la materia además de que no se garantizó el cumplimiento de dicho contrato, por lo que la legislatura local tendrá 20 días hábiles para poder solventar esta observación.

A lo que la Presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del estado, María Luisa Pérez Perusquía, señaló que se analizará la observación y se le dará seguimiento al tema institucionalmente.

Este jueves el auditor acudió este jueves al Congreso del estado a presentar a la Comisión Inspectora la segunda entrega de la fiscalización a la Cuenta Pública 2018, en la que la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo revisó 87 entidades divididas en: el Poder Legislativo, el Poder Judicial, 31 entidades del sector paraestatal y organismos autónomos, 38 municipios y 16 organismos descentralizados municipales.

En esta revisión de sus Cuentas Públicas del ejercicio fiscal 2018 en su segunda entrega se determinaron errores y omisiones en los registros, deficiencias en los controles y observaciones cuantificables en términos monetarios quedando pendiente por solventar 31 millones 542 mil 334 pesos. De este monto, un millón 159 mil 986 pesos corresponden al Congreso del estado; cuatro millones 283 mil 524 pesos a las entidades del sector paraestatal y organismos autónomos; 24 millones 445 mil 976 a los municipios; y un millón 652 mil 847 pesos a organismos descentralizados municipales.

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